La presunción de exactitud restituye la buena fe del contribuyente. Salvo prueba en contrario, lo manifestado en una declaración jurada bajo juramento tiene plena validez legal.
La Ley 11.683 y el nuevo marco 27.826 establecen que la determinación fiscal realizada por el contribuyente solo puede ser revocada si el Fisco demuestra la falsedad material de las operaciones o la omisión dolosa de libros obligatorios.
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La existencia de facturas apócrifas declaradas en el Libro IVA Digital o la falta total de registración contable obligatoria.